El FSLN fue fundado en 1962 por un grupo de estudiantes universitarios encabezados por Carlos Fonseca, Silvio Mayorga y Tomás Borge. Éstos recibieron el apoyo del dirigente revolucionario cubano Fidel Castro, ofrecido en parte por el papel que había desempeñado Luis Somoza Debayle en el desembarco de bahía de Cochinos de 1961. A pesar de la influencia de la ideología marxista y leninista, el FSLN no tenía un vínculo directo con el Partido Comunista de Nicaragua. Los sandinistas se oponían a la familia Somoza y a la presión de Estados Unidos sobre Nicaragua, y reclamaban una reforma política y económica radical que condujera a la redistribución de la riqueza y el poder. Su proyecto era respaldado por estudiantes y campesinos, pero fueron derrotados por la Guardia Nacional en las primeras acciones de la guerra de guerrillas, que costaron la vida a Fonseca y Mayorga.
A mediados de la década de 1970, destacados miembros del mundo empresarial y de la Iglesia católica comenzaron a compartir el descontento ya manifestado por otros grupos sociales ante el régimen de Anastasio Somoza Debayle. La mayor parte de la oposición política se unió en un solo frente encabezado por Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en Managua en enero de 1978, probablemente por encargo del propio Somoza. Este acontecimiento provocó desórdenes y manifestaciones contra el gobierno durante semanas, además de una huelga nacional e intentos aislados de levantamientos armados. A pesar de que Somoza mantenía el control, su régimen se tambaleaba y la oposición internacional aumentaba progresivamente. En el mes de agosto, un grupo de comandos sandinistas asaltó el Palacio Nacional de Managua y tomó como rehenes a varios miembros del Congreso nicaragüense. Los sandinistas negociaron la liberación de varios prisioneros del FSLN y solicitaron un rescate, la publicación de su llamada a la rebelión y un salvoconducto para que los integrantes del comando abandonaran el país.
El éxito de la incursión sandinista alentó a las fuerzas contrarias a Somoza y estallaron levantamientos en todo el país. Las fuerzas somocistas aplastaron estas rebeliones con gran brutalidad, bombardeando incluso objetivos civiles. Estas operaciones fueron la causa de que cientos de nicaragüenses se unieran al FSLN y de que aumentara la presión internacional para encontrar una solución negociada al conflicto. Al tiempo que Estados Unidos impuso ciertas sanciones económicas a Somoza, Costa Rica, Venezuela y Panamá brindaron su apoyo a los sandinistas.
La lucha se reanudó en mayo de 1979: los sandinistas anunciaron una ofensiva final e hicieron una llamada a la rebelión nacional. En esta ocasión, la Guardia Nacional no consiguió controlar la situación y los rebeldes se apoderaron de numerosas zonas del país. Se produjeron batallas en las principales ciudades, como León, Masaya y Managua, donde los aviones de la Guardia Nacional bombardearon los barrios en los que la población apoyaba a los sandinistas. La Organización de Estados Americanos (OEA) convocó una reunión de emergencia para pedir a Somoza que abandonara el poder y rechazó el ofrecimiento de Estados Unidos de enviar fuerzas de paz a Nicaragua. Cuando la capital del país, Managua, se encontraba rodeada por las tropas revolucionarias, Somoza abandonó el país y la Guardia Nacional, tan poderosa en otros tiempos, quedó desarticulada. El 19 de julio, los sandinistas entraron en Managua y se hicieron con el control en Nicaragua.
La dirección del nuevo gobierno sandinista estuvo en manos de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional compuesta por cinco miembros y elegida por el FSLN. Su presidente (coordinador) fue el comandante sandinista Daniel Ortega Saavedra, e incluía además a otros dos sandinistas (el escritor Sergio Ramírez y Moisés Hassan) y a dos miembros independientes: el empresario Alfonso Robelo Callejas y Violeta Barrios de Chamorro, viuda de Pedro Joaquín Chamorro. Se constituyó un gobierno integrado en su mayoría por políticos independientes. No obstante, no tardó en ponerse de manifiesto que el poder real no se hallaba en manos del gobierno oficial, sino de los nueve comandantes sandinistas que integraban el Directorio Nacional del FSLN. Robelo y Violeta Chamorro abandonaron la Junta al cabo de un año. El Consejo de Estado se reorganizó de manera que los sandinistas constituyeran mayoría. Las elecciones fueron aplazadas, se impusieron restricciones a los medios de comunicación y aumentó la tensión en las relaciones con la Iglesia católica. Robelo y Chamorro fueron sustituidos por dos políticos independientes que contaban con escaso poder dentro de la junta; empeoraron asimismo las relaciones del gobierno con los partidos de la oposición y los empresarios del sector privado.
El gobierno sandinista que se hizo con el poder en 1979 heredó un país con numerosos problemas. La guerra con Somoza había provocado 50.000 víctimas; cientos de miles de ciudadanos habían perdido sus hogares o se habían refugiado en los países vecinos, y muchas zonas de la nación se hallaban en ruinas. Los daños provocados por la guerra habían destrozado la economía, a lo que había que añadir la gran deuda exterior de 1.600 millones de dólares; numerosos profesionales liberales y empresarios habían abandonado el país, en donde escaseaban los alimentos y el combustible, las condiciones sanitarias eran ínfimas y existía un elevado índice de pobreza y analfabetismo.
La autodenominada Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional puso en marcha la recuperación económica, creó una nueva estructura política y mejoró la situación social, especialmente la de los grupos más necesitados. Las autoridades confiscaron inmediatamente todos los bienes de Somoza y sus seguidores, incluidas las empresas y tierras. No obstante, se comprometieron a respetar la propiedad privada, los derechos humanos y a seguir una política de no alineación, independiente de la influencia tanto de Estados Unidos como de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). En sus primeros momentos, el gobierno recibió gran cantidad de ayuda internacional de muchos países, incluido Estados Unidos.
El gobierno desempeñó un importante papel en la dirección de la economía bajo el régimen sandinista. Intentó crear un tipo de sistema que compaginara la iniciativa privada con las empresas públicas propias de una economía socialista. La mayor parte de las tierras y los negocios permanecieron en manos del sector privado, excepto los que pertenecían a la familia Somoza. Sin embargo, las medidas adoptadas por los sandinistas imponían restricciones sobre la utilización de los bienes, lo que provocó la oposición de muchos empresarios. El gobierno se hizo con el control de los bancos y del comercio exterior.
Los sandinistas iniciaron una reforma agraria global para redistribuir entre los pequeños granjeros y trabajadores del campo algunas grandes fincas y las tierras arrebatadas a los partidarios de Somoza. Este programa también incluía la creación de granjas estatales y cooperativas.
La mejora del sistema educativo y sanitario fue una de las prioridades del gobierno a principios de la década de 1980, especialmente en las zonas rurales y pobres que habían carecido de servicios mínimos durante el régimen de Somoza. Se lanzó una campaña de alfabetización nacional en 1980 y el analfabetismo se redujo desde el 50% —uno de los más altos índices de esta región— hasta aproximadamente el 13%, un logro que obtuvo el reconocimiento internacional. Se incrementó el presupuesto de educación y aumentó espectacularmente el número de escuelas, profesores y estudiantes. La asistencia sanitaria pública se extendió a todo el país; se levantaron hospitales y clínicas, y las campañas de vacunación contaban con la colaboración de brigadas de voluntarios. La tasa de mortalidad infantil y de enfermedades disminuyó significativamente.
La Revolución convirtió a Nicaragua en un foco de atención internacional implicado en las tensiones entre los países comunistas y no comunistas propias de la Guerra fría. Cuba envió a Nicaragua maestros y asistentes sanitarios, pero también asesores militares. La URSS también envió ayuda, al igual que muchos países de Europa Occidental y de la Europa del Este. La mayoría de los estados latinoamericanos apoyaron la lucha contra la familia Somoza, pero las relaciones comenzaron a enfriarse cuando el gobierno adoptó una política más izquierdista y la violencia revolucionaria se extendió a otros lugares de Centroamérica. La acusación de que los sandinistas apoyaban a la guerrilla que combatía en El Salvador provocó un gran escándalo a finales de 1980.
Después de la Revolución, el gobierno estadounidense presidido por el demócrata Jimmy Carter envió ayuda a Nicaragua y realizó un esfuerzo por colaborar con el nuevo régimen, a pesar de la oposición del Congreso. Sin embargo, algunos funcionarios estadounidenses encontraron cada vez más preocupantes los vínculos del FSLN con Cuba y la URSS, así como la ideología marxista-leninista de muchos líderes sandinistas. La política de ayuda de Estados Unidos concluyó, sin embargo, debido al agravamiento del conflicto de El Salvador, protagonizado por la guerrilla y el gobierno (respaldado este último por las autoridades estadounidenses), y a la elección del republicano Ronald Reagan, anticomunista acérrimo, como presidente de Estados Unidos en 1980. A partir del momento en el que Reagan tomó posesión de su cargo en 1981, el objetivo de su gobierno fue aislar a Nicaragua y apoyar a los rebeldes (contra) que intentaban derrocar a las autoridades sandinistas.
Desde que los sandinistas tomaron el poder, tuvieron que hacer frente a una oposición armada. En un principio se trataba únicamente de pequeños grupos de antiguos miembros de la Guardia Nacional, instalados en su mayoría en Honduras. A finales de 1981, estas fuerzas recibieron formación militar a cargo de oficiales argentinos y cierto apoyo encubierto de Estados Unidos. Cuando aumentó la oposición a la política del FSLN, se unieron otras formaciones al movimiento armado rebelde. Entre ellos, se incluían líderes empresariales descontentos, hacendados conservadores (sobre todo, del norte del país) e incluso sandinistas desengañados. A este heterogéneo grupo se le denominó "contra" (contrarrevolucionarios).
A partir de 1981, el gobierno de Reagan incrementó progresivamente su apoyo a la contra. Se enviaron más de 300 millones de dólares en ayuda y equipamiento, y los contrarrevolucionarios recibieron formación militar desde 1982 hasta 1990. Estados Unidos también impuso un embargo comercial sobre Nicaragua y bloqueó los préstamos de muchas instituciones financieras internacionales.
Estas medidas debilitaron la frágil economía nicaragüense, a la vez que los ataques de la contra ocasionaban pérdidas en la agricultura, el comercio y dañaban la infraestructura del país. Cuando el conflicto entre el gobierno y la contra se agravó y los enfrentamientos se generalizaron en todo el territorio, decenas de miles de nicaragüenses se exiliaron y muchos más fueron obligados a abandonar sus hogares y trasladarse a otras zonas del país a causa de la violencia.
Los sandinistas respondieron a las amenazas de la contra organizando un ejército; recibían armas de la URSS y Cuba y, en 1983, instituyeron el servicio militar obligatorio. A mediados de la década de 1980, el gobierno sandinista comenzó a desviar fondos destinados a programas sociales y económicos al presupuesto de defensa. Bajo el estado de excepción, se suspendieron algunas libertades civiles y en ocasiones se encarceló a los opositores políticos y se restringió la libertad de prensa.
El apoyo de Reagan a la contra provocó una gran disputa política en Estados Unidos, que culminó con el escándalo conocido como Irangate, un escándalo que tuvo lugar en 1985 y 1986 en el que varios altos cargos del gobierno de Reagan se vieron implicados en una venta ilegal de armas.
A pesar del conflicto, se celebraron elecciones en Nicaragua en noviembre de 1984. Gran parte de la oposición boicoteó los comicios alegando que los sandinistas habían manipulado el proceso. Éstos obtuvieron una aplastante victoria en la votación para la presidencia y los representantes del Congreso. Daniel Ortega fue elegido presidente con el 67% de los votos, y el FSLN obtuvo la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional. Para muchas naciones, estas elecciones otorgaron legitimidad al régimen sandinista, opinión no compartida por el gobierno de Reagan. En 1987 había más de 10.000 contras armados luchando contra el gobierno de Nicaragua.
A pesar de su preocupación por la política sandinista, la mayoría de los países latinoamericanos se oponían a los intentos de Estados Unidos por derrocar al gobierno de Nicaragua. En 1987, el presidente costarricense, Óscar Arias Sánchez, promovió un encuentro de presidentes centroamericanos para buscar soluciones a los conflictos de Nicaragua y El Salvador que culminó en el llamado Acuerdo de Esquipulas de agosto de ese año. El resultado de este plan de paz fueron las negociaciones celebradas entre el FSLN y la contra en 1988.
Las presiones para que se pusiera fin a la guerra eran cada vez mayores. La economía de Nicaragua estaba hundida; se calculaba que la inflación era del 2.000 al 36.000% en 1988 y el país se había convertido en la nación más pobre de Centroamérica. El coste humano de la lucha fue atroz: decenas de miles de muertos, heridos y refugiados. Los ambiciosos programas de educación y sanidad de los sandinistas no pudieron llevarse a cabo debido a que la mitad del presupuesto fue destinado a la defensa del régimen, y la producción agrícola se vio reducida por los ataques de la contra.
El panorama internacional también había cambiado. La URSS tenía que hacer frente a la agitación política y económica que recorría el país, por lo que recortó su ayuda a los sandinistas. A su vez, con el escándalo del Irangate y el ascenso en 1989 del republicano George Bush a la presidencia de Estados Unidos, este país se mostró más propenso a encontrar una solución negociada al conflicto.
Los sandinistas acordaron celebrar elecciones bajo supervisión internacional a principios de 1990 como una condición de las negociaciones de paz. Confiaban en obtener la victoria y en que Daniel Ortega fuera elegido presidente. Los catorce partidos de la oposición se unieron para formar la Unión Nacional Opositora (UNO), que apoyaba la candidatura a la presidencia de Violeta Chamorro y ofrecía una lista unificada de candidatos al Congreso. La oposición generalizada al servicio obligatorio y la esperanza de conquistar la paz llevaron a la victoria a la UNO, que obtuvo el 55% de los votos, mientras que los sandinistas obtuvieron únicamente el 41 por ciento.
Después de varias negociaciones, el FSLN aceptó su inesperada derrota. Los sandinistas se convirtieron en el principal partido de la oposición y aún controlaban gran parte de las Fuerzas Armadas. El gobierno de Chamorro trató de colaborar con los dirigentes sandinistas, pero esta actitud conciliadora provocó el descontento de los grupos más conservadores y motivó la ruptura de la coalición gubernamental. El FSLN conservó una considerable influencia política, pero su candidato, Daniel Ortega, fue nuevamente derrotado en las elecciones de 1996 (que llevaron al conservador Arnoldo Alemán a presidir la República) y apenas obtuvieron escaños en el Congreso.
